http://www.abc.com.py/abc/nota/98179-Cuc%C3%BA-persecuci%C3%B3n-pol%C3%ADtica/
La administración de Camilo Soares en la Secretaría de Emergencia Nacional está siendo investigada por el fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio. Está siendo investigada, no atacada.
Pero como si el control fuera un ataque, el PMAS se defiende. Defiende a su líder. Y culpa de todos sus males a cucú persecución política.
Entre otras varias cosas, Camilo es sospechado del manejo irregular del millón de dólares donado por Chávez a la Secretaría de Emergencia Nacional. Este monto debería de haber pasado, como toda donación extranjera al país, por la aprobación del congreso nacional, pero no ocurrió así. Artilugios de por medio, Camilo halló la forma de evadir el control parlamentario para manejar así los fondos a su gusto y paladar: un convenio con la OPACI, una ONG.
Según una auditoría realizada por la contraloría sólo en 5 meses del 2008, las desprolijidades en la administración de Camilo cuantifican unos 12 mil millones de guaraníes y entre otras cosas, se utilizaron fondos de emergencia para pagar a funcionarios por viáticos y viajes a Dinamarca, Cuba y Venezuela para eventos “que nada tienen que ver con ninguna emergencia”. Investigaciones periodísticas revelan la duplicación de un contrato para la construcción de las desalinizadoras en el chaco con una diferencia entre ambos de más de 800 millones de guaraníes. El fiscal Giuzzio allanó el local de la SEN tras constatar serios indicios de hechos punibles que apuntan a la posible adulteración de facturas. En otra investigación paralela, la fiscala Teresa Sosa allanó también la institución ante denuncias de que a varios funcionarios se le descontaba parte del salario para aportarlo al PMAS. Y de acuerdo a diputados que lo interpelaron meses atrás, las respuestas de Camilo no sólo “no satisficieron”, sino que además los documentos que entregó tras el interrogatorio no se corresponden con las respuestas que otorgó. ¡Guau!
Inmediatamente, casi como por inercia sus “defensores” aparecieron: “el caso Soares es mediático y de tinte político", aseguró Augusto Dos Santos. Para Rocío Casco todo (la investigación de Giuzzio, la de Teresa Sosa, el informe del Contralor, la denuncia de los diputados, la de la secretaría de la función pública, todo, todo…) es una “persecución política” promovida por algunos “nazis”.
¿Cómo es que todos se pusieron de acuerdo para perseguir a Camilo?. ¿Cómo es que tanto Dos Santos como Casco pudieron afirmar horas después de que Giuzzio allanara la SEN que allí dentro todo está en regla y que todo es parte de la guerra Soares vs. los “retardatarios”?. ¿O es que ambos revisaron tan rápidamente documento por documento el contenido de los biblioratos incautados?. ¿Qué les da a ellos la certeza de que esto es una persecución y de que la administración de Camilo es reluciente y transparente?. ¿Cómo tienen ellos tal convicción por sobre cada denuncia, cada investigación fiscal y cada documento de diversas instituciones que testimonian, cuanto menos, desprolijidades varias?. ¿Por qué, si nada deben, temen y se defienden antes de que se los ataque?
En una de sus defensas, la dirigente del PMAS, queriendo arrogar transparencia, expresó: “abrimos las puertas a la fiscalía para que investigue”. ¿Qué atribuciones tiene Casco en la SEN para “abrir las puertas” o es que efectivamente el PMAS es el que manda allí?. Y además, vamos, ¿¿qué posiblidades pio tenían de “cerrar” las puertas a un allanamiento fiscal??. Lejos de abrirlas ellos, las puertas se las abrió Giuzzio a la fuerza orden fiscal de por medio.
Mientras tanto la OPACI, sigilosamente, ya se lavó las manos. ¿Qué hizo declinar a los intendentes tan drásticamente de manejar los jugosos petrodólares?. ¿Qué sabrán ellos del manejo de los recursos en la SEN que espantó al fantasma de la persecución y optaron por “huir a tiempo”?. Las sospechas suman y siguen. Las evidencias aumentan día tras día. Las investigaciones fiscales continúan. Pero todo ndajeko sólo es una “persecución política”. Endeble argumento ante sobrados documentos.
La mejor defensa de Camilo, no serán jamás las repetitivas y predecibles conferencias de prensa o manifiestos argumentando la gastada”persecución política” y atacando a los opositores perversos. En sí mismo, este escuálido argumento ya no convence. Su mejor defensa será que finalizada la investigación, el fiscal diga “todo en orden muchachos, la administración brilla”, que los informes de la contraloría ya no revelen que “los vicios del pasado continúan” y que los fondos de “emergencia” se usen para “emergencias” y no para el viaje de los muchachos.
Si los documentos están en regla, si los recursos se utilizaron diligente y honestamente, entonces cucú persecución política estará de más. La eficiencia en la gestión difícilmente necesite explicación.
La administración de Camilo Soares en la Secretaría de Emergencia Nacional está siendo investigada por el fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio. Está siendo investigada, no atacada.
Pero como si el control fuera un ataque, el PMAS se defiende. Defiende a su líder. Y culpa de todos sus males a cucú persecución política.
Entre otras varias cosas, Camilo es sospechado del manejo irregular del millón de dólares donado por Chávez a la Secretaría de Emergencia Nacional. Este monto debería de haber pasado, como toda donación extranjera al país, por la aprobación del congreso nacional, pero no ocurrió así. Artilugios de por medio, Camilo halló la forma de evadir el control parlamentario para manejar así los fondos a su gusto y paladar: un convenio con la OPACI, una ONG.
Según una auditoría realizada por la contraloría sólo en 5 meses del 2008, las desprolijidades en la administración de Camilo cuantifican unos 12 mil millones de guaraníes y entre otras cosas, se utilizaron fondos de emergencia para pagar a funcionarios por viáticos y viajes a Dinamarca, Cuba y Venezuela para eventos “que nada tienen que ver con ninguna emergencia”. Investigaciones periodísticas revelan la duplicación de un contrato para la construcción de las desalinizadoras en el chaco con una diferencia entre ambos de más de 800 millones de guaraníes. El fiscal Giuzzio allanó el local de la SEN tras constatar serios indicios de hechos punibles que apuntan a la posible adulteración de facturas. En otra investigación paralela, la fiscala Teresa Sosa allanó también la institución ante denuncias de que a varios funcionarios se le descontaba parte del salario para aportarlo al PMAS. Y de acuerdo a diputados que lo interpelaron meses atrás, las respuestas de Camilo no sólo “no satisficieron”, sino que además los documentos que entregó tras el interrogatorio no se corresponden con las respuestas que otorgó. ¡Guau!
Inmediatamente, casi como por inercia sus “defensores” aparecieron: “el caso Soares es mediático y de tinte político", aseguró Augusto Dos Santos. Para Rocío Casco todo (la investigación de Giuzzio, la de Teresa Sosa, el informe del Contralor, la denuncia de los diputados, la de la secretaría de la función pública, todo, todo…) es una “persecución política” promovida por algunos “nazis”.
¿Cómo es que todos se pusieron de acuerdo para perseguir a Camilo?. ¿Cómo es que tanto Dos Santos como Casco pudieron afirmar horas después de que Giuzzio allanara la SEN que allí dentro todo está en regla y que todo es parte de la guerra Soares vs. los “retardatarios”?. ¿O es que ambos revisaron tan rápidamente documento por documento el contenido de los biblioratos incautados?. ¿Qué les da a ellos la certeza de que esto es una persecución y de que la administración de Camilo es reluciente y transparente?. ¿Cómo tienen ellos tal convicción por sobre cada denuncia, cada investigación fiscal y cada documento de diversas instituciones que testimonian, cuanto menos, desprolijidades varias?. ¿Por qué, si nada deben, temen y se defienden antes de que se los ataque?
En una de sus defensas, la dirigente del PMAS, queriendo arrogar transparencia, expresó: “abrimos las puertas a la fiscalía para que investigue”. ¿Qué atribuciones tiene Casco en la SEN para “abrir las puertas” o es que efectivamente el PMAS es el que manda allí?. Y además, vamos, ¿¿qué posiblidades pio tenían de “cerrar” las puertas a un allanamiento fiscal??. Lejos de abrirlas ellos, las puertas se las abrió Giuzzio a la fuerza orden fiscal de por medio.
Mientras tanto la OPACI, sigilosamente, ya se lavó las manos. ¿Qué hizo declinar a los intendentes tan drásticamente de manejar los jugosos petrodólares?. ¿Qué sabrán ellos del manejo de los recursos en la SEN que espantó al fantasma de la persecución y optaron por “huir a tiempo”?. Las sospechas suman y siguen. Las evidencias aumentan día tras día. Las investigaciones fiscales continúan. Pero todo ndajeko sólo es una “persecución política”. Endeble argumento ante sobrados documentos.
La mejor defensa de Camilo, no serán jamás las repetitivas y predecibles conferencias de prensa o manifiestos argumentando la gastada”persecución política” y atacando a los opositores perversos. En sí mismo, este escuálido argumento ya no convence. Su mejor defensa será que finalizada la investigación, el fiscal diga “todo en orden muchachos, la administración brilla”, que los informes de la contraloría ya no revelen que “los vicios del pasado continúan” y que los fondos de “emergencia” se usen para “emergencias” y no para el viaje de los muchachos.
Si los documentos están en regla, si los recursos se utilizaron diligente y honestamente, entonces cucú persecución política estará de más. La eficiencia en la gestión difícilmente necesite explicación.
